La Procuraduría General de la Nación ha solicitado medidas de protección urgente para los habitantes de Arauca luego del atentado perpetrado por el grupo armado ilegal Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una base militar en Puerto Jordán, en el municipio de Arauquita. El ataque dejó un saldo trágico de tres uniformados muertos y 26 personas más heridas.
En un comunicado, la Procuraduría expresó su firme condena al ataque terrorista y señaló que el ELN actuó sin respeto alguno por las normas del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Además, el organismo denunció que el atentado ocurrió a solo un kilómetro de una institución educativa, poniendo en riesgo directo a la población civil, incluyendo a más de mil niños y adolescentes.
Margarita Cabello Blanco, procuradora general, expresó profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en Arauca, un departamento que según informes de agencias de cooperación internacional, cuenta con 23 veredas confinadas y más de 5.000 personas afectadas. La violencia ha escalado desde la ruptura del cese al fuego entre el gobierno y el ELN en agosto de 2024.
El recrudecimiento de los enfrentamientos en Arauca ha sido alarmante. Desde julio y agosto de este año, se han registrado 10 acciones armadas, con un saldo de 119 personas desaparecidas y 14 líderes sociales asesinados. Además, la infraestructura estratégica del departamento, como el servicio eléctrico, ha sido severamente afectada, lo que empeora la situación de las comunidades.
La Procuraduría hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las Fuerzas Armadas para que tomen las medidas necesarias para proteger a la población civil y garantizar la seguridad en Arauca. Asimismo, solicitó que se fortalezcan las capacidades de prevención ante posibles nuevos ataques del ELN, especialmente tras el anuncio del presidente de suspender los diálogos de paz con este grupo insurgente.
Finalmente, el ente de control anunció que continuará vigilando de cerca la situación de derechos humanos en la región y advirtió que la escalada de violencia podría agravarse si no se toman medidas inmediatas y efectivas.
Este atentado y sus repercusiones se suman a una creciente crisis en Arauca, donde las comunidades viven bajo la constante amenaza de grupos armados y enfrentan un deterioro alarmante de sus condiciones de vida básicas.
