La presencia de zonas con minas antipersonal, sumada a limitaciones ambientales, jurídicas y catastrales, está dificultando el avance de los procesos de adjudicación de tierras en el departamento de Arauca, según informó la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a través de su Unidad de Gestión Territorial.
Durante una audiencia pública realizada en la Asamblea Departamental para abordar el tema de acceso a tierras, el coordinador territorial de la UGT, Carlos Octavio Sarmiento, advirtió que el conflicto armado sigue siendo un factor determinante en varios sectores del territorio.
“Hemos encontrado que debido al conflicto armado hay zonas que tienen restricción por minas (…) mientras no tengamos el levantamiento de esos procesos no podemos darle continuidad a la formalización de la tierra”, señaló, al explicar que estas condiciones impiden la intervención institucional en determinadas áreas.
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A estas limitaciones se suman las demoras en entidades que intervienen en los trámites. “Las demoras en los entes que acompañan el proceso, como Corporinoquia, sobre restricciones ambientales”, indicó el funcionario, al referirse a los tiempos que afectan la formalización de predios.
En el ámbito legal, la aplicación de la Ley Segunda de 1959 continúa restringiendo la adjudicación en zonas del piedemonte. “Aquellos predios que estén dentro de Ley Segunda no se pueden adjudicar, no se pueden titular”, afirmó, y explicó que la ampliación de la frontera agrícola depende de solicitudes que deben gestionar las administraciones municipales ante el Gobierno nacional.
También mencionó la incidencia de solicitudes de resguardos indígenas como Caño Mochuelo, que impacta parte del municipio de Cravo Norte. “Esos predios que están dentro de esa solicitud de este resguardo tampoco pueden ser adjudicados”, precisó.
En materia catastral, el panorama presenta rezagos importantes, especialmente en Tame. “No existe una malla catastral (…) eso conlleva a que nuestros agrónomos, topógrafos y líderes catastrales no puedan tener una determinación clara si ese predio está escriturado o no”, explicó Sarmiento, al referirse a la falta de información actualizada.
A esto se agregan restricciones relacionadas con la actividad petrolera en el departamento. “Tenemos en el departamento de Arauca 893 pozos con un buffer de 2.500 metros (…) no se puede tampoco generarle expectativas a nuestros solicitantes para poder adjudicar la tierra”, señaló.
El funcionario también advirtió sobre inconsistencias derivadas de la desactualización catastral. “Hay predios que en estos momentos figuran como espejos de agua (…) y aparecen como predios no aptos”, dijo, lo que afecta directamente los procesos de certificación.
Finalmente, mencionó otros factores que inciden en la formalización, como las diferencias en la Unidad Agrícola Familiar entre municipios, condiciones del suelo, presencia de cultivos ilícitos y oposiciones de terceros. “Hasta que no se dirima ese proceso de oposición, no se puede continuar con el proceso de adjudicación”, concluyó.
