La Dirección Regional Orinoquia de Migración Colombia respondió a los cuestionamientos del alcalde de Arauca, Juan Qüenza, tras un procedimiento realizado la noche anterior en el municipio. La entidad aclaró que no tiene competencia para expulsar del territorio a ciudadanos colombianos, luego de verificar que las personas retenidas no eran de nacionalidad venezolana.
La directora regional Orinoquia de Migración Colombia, Marieth Bejarano Ospina, explicó que las acciones que se adelantan en la frontera obedecen a decisiones adoptadas previamente en comités institucionales y a los decretos expedidos por las autoridades. Según indicó, “se hicieron comités tanto a nivel municipal como departamental para definir cómo se iba a articular la institucionalidad completa y se ha emitido tanto decreto municipal como departamental”.
Dentro de estas disposiciones se estableció la restricción al tránsito por el río Arauca durante el periodo fijado por el Gobierno nacional. La funcionaria precisó que “el departamental puntualmente ha definido que está prohibido el cruce por el río durante toda la franja, el lapso que se ha indicado en el decreto 0188 del Ministerio del Interior”.
Según explicó la funcionaria, Migración Colombia fue informada por la Secretaría de Gobierno municipal sobre la retención de varias personas presuntamente venezolanas. La directora regional explicó que “aproximadamente ocho y media de la noche se nos informó que tenían retenidas unas personas presuntamente de nacionalidad venezolana que estaban pernoctando en el territorio colombiano”.
Tras recibir el reporte, funcionarios de la entidad se desplazaron al puente internacional para verificar la situación. Sin embargo, la administración municipal solicitó que las personas fueran expulsadas del país. Frente a esta petición, Migración Colombia explicó que la entidad debe cumplir un procedimiento administrativo antes de adoptar cualquier decisión migratoria.
Bejarano señaló que “la solicitud puntual del alcalde municipal era que expulsáramos del territorio a estas personas. Se le explicó que nosotros tenemos un procedimiento administrativo sancionatorio que debe llevarse a cabo y que en ese caso tendríamos que iniciar con un informe de caso para posteriormente decidir si había deportación o expulsión”.
Luego de la verificación, Migración Colombia determinó que las 28 personas retenidas eran ciudadanos colombianos, por lo que la entidad no podía adelantar ningún trámite migratorio. La funcionaria indicó que “procedimos a hacer la verificación encontrando que se trataba de 28 personas, todas ellas con cédula de ciudadanía colombiana, es decir, que estamos hablando de la retención de personas con nacionales”.
Migración Colombia manifestó al alcalde que el caso debía ser puesto en conocimiento de las autoridades judiciales si existía la sospecha de delitos como la transhumancia electoral. En ese sentido, explicó que “no era de nuestra competencia el conocimiento de unos presuntos hechos que configuraban transhumancia, por lo que le solicitamos que iniciara los actos urgentes a través de informe de caso de policía y dar conocimiento a la URI, a la fiscalía”.
Bejarano también señaló que desde la alcaldía se manifestó inconformidad con la actuación de la entidad. Según relató, “hubo un reclamo bastante fuerte de parte de la alcaldía municipal, donde manifestó que Migración Colombia estaba evadiendo los acuerdos a los que se habían llegado a través de los comités de seguridad”.
No obstante, la funcionaria reiteró que la institución debe actuar conforme a la normativa vigente y a los decretos del Gobierno nacional, indicando que “nosotros debemos hacer observancia del decreto del Ministerio del Interior, no vamos a abrir la frontera, no se trataba de un corredor humanitario”.
Durante la verificación también se identificaron dos ciudadanos venezolanos, quienes contaban con su documentación en regla. Según informó, “dos personas venezolanas presentaron debidamente su PPT, su Permiso de Permanencia Temporal, así que no había ninguna irregularidad en ese sentido”.
