La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió acusar a la representante a la Cámara por la curul de paz Karen Astrith Manrique Olarte por el delito de cohecho impropio, dentro de una investigación relacionada con presuntas irregularidades en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. En la misma decisión, el alto tribunal ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra la congresista.
De acuerdo con la Corte Suprema, los hechos investigados se remontan al segundo semestre de 2023, cuando varios legisladores que integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda. Según la investigación, estos ofrecimientos estarían relacionados con la emisión de conceptos favorables sobre operaciones de crédito impulsadas por esa cartera.
En ese contexto, la Corte determinó que existen elementos que permiten inferir la posible comisión del delito de cohecho impropio, al considerar que algunos congresistas habrían comprometido su función legislativa a cambio de beneficios relacionados con proyectos de contratación pública.
La investigación señala que en diversas reuniones se habría planteado que, como contraprestación por apoyar el trámite de operaciones de crédito, se impulsaría la contratación y la interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.
Según la Sala de Instrucción, en los encuentros analizados dentro del expediente también se habrían definido montos y posibles beneficios dirigidos a congresistas, lo que hace parte del material probatorio recopilado durante el proceso.
Dentro de la misma decisión, la Corte Suprema también acusó por el mismo delito a otros congresistas: Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, así como al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes continuarán vinculados al proceso sin medida de aseguramiento privativa de la libertad.
La decisión de acusar a los investigados será enviada a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia una vez quede en firme. El proceso judicial continuará para determinar la responsabilidad penal de los implicados en los hechos investigados.
