A través de un comunicado, exigieron condiciones dignas, mayor transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente.
Los trabajadores del programa de protección en Arauca y el gremio de la seguridad privada han denunciado múltiples irregularidades que afectan su labor y ponen en riesgo la seguridad de los beneficiarios.
Uno de los principales señalamientos sería la ausencia de un coordinador activo en el departamento, incumpliendo la norma que exige un coordinador por cada 50 beneficiarios. Según los escoltas, la persona que ocupaba este cargo fue desvinculada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero sigue ejerciendo funciones, lo que genera incertidumbre sobre el manejo de información sensible.
“No se tiene claridad sobre el uso de la información por parte de este coordinador ni si ha sido extraída con algún fin desconocido. Exigimos una investigación inmediata para garantizar la protección de los datos de los beneficiarios”, manifestaron.
El gremio también denunció que Jhon Faber García y Yurexi fueron designados en roles clave sin cumplir con los requisitos necesarios. En particular, se señaló que Yurexi ejerce funciones de coordinación y supervisión sin contar con la experiencia o formación adecuada, lo que compromete la operatividad del programa.
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Otro de los puntos críticos expuestos en el comunicado es el incumplimiento en el pago de anticipos y salarios, lo que ha llevado al endeudamiento de muchos trabajadores.
“Nuestra lucha laboral está encaminada a la mediación de los conflictos laborales, abogando por el estricto cumplimiento del derecho laboral y sindical como motivo de unión gremial y organizacional”, expresaron los escoltas.
Asimismo, denunciaron retrasos en el pago del aforamiento de las armas, un aspecto crucial para el correcto desarrollo de su labor.
“Exigimos que este pago se realice sin demoras, ya que el correcto funcionamiento del armamento es fundamental para el cumplimiento de nuestras funciones”, afirmaron.
Según el comunicado, se ha contratado escoltas de otras regiones que no conocen la geografía ni la dinámica de seguridad de Arauca, lo que podría afectar la ejecución de planes de escape y la protección de los beneficiarios. Por ello, exigen que se priorice la contratación de personal local, con experiencia en el contexto del departamento.
Otra de las problemáticas denunciadas es la ausencia de atención para reportar novedades los fines de semana, lo que deja a los equipos sin respuesta ante situaciones urgentes. “Exigimos un servicio de atención continua y efectiva, garantizando disponibilidad los fines de semana para responder a cualquier eventualidad”, señalaron.
Finalmente, los escoltas exigieron que las empresas del programa de protección publiquen sus vacantes en las plataformas del Servicio Público de Empleo, en cumplimiento del Decreto 2852 de 2013 del Ministerio del Trabajo. “La Ley 1636 de 2013 obliga a los empleadores a reportar sus vacantes en el SPE”, recordaron.
Los trabajadores advirtieron que no aceptarán más improvisación en un programa que debe garantizar la seguridad tanto de los protegidos como de los escoltas. Por ello, pidieron respuestas inmediatas por parte de la empresa y las entidades responsables.
