La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la exgobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, por presuntas irregularidades en la ejecución de tres proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), cuyo valor supera los 91.542 millones de pesos.
De acuerdo con el ente investigador, la exmandataria habría incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, uso de documento falso, prevaricato por acción, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y peculado por apropiación simple.
La investigación, liderada por la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, señala que los proyectos contemplaban la construcción de la red de alcantarillado pluvial en el sector Playitas de Arauca y la ejecución de las celdas dos y tres del relleno sanitario del municipio de Tame.
Según la Fiscalía, mediante el Decreto 864 del 24 de mayo de 2022, la entonces gobernadora designó como entidad ejecutora a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), junto con los contratos de interventoría. Sin embargo, el organismo no contaba con los requisitos legales, técnicos, financieros ni jurídicos para administrar recursos públicos provenientes de regalías y tampoco figuraba inscrito en el Sistema de Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (REAT) del Ministerio del Interior.
Las autoridades también establecieron que los proyectos aprobados no hacían parte del Plan de Desarrollo de la Gobernación de Arauca y no estaban registrados en el banco de datos del Fondo Nacional de Regalías.
Dentro del material probatorio recopilado por la Fiscalía se advierte que, presuntamente, durante las etapas de formulación, estructuración, viabilidad y registro de las iniciativas, fueron avalados documentos técnicos que no contaban con soporte especializado. Además, se habrían expedido decretos y certificaciones sustentados en documentos falsos o de procedencia irregular.
Uno de los elementos mencionados por el ente acusador corresponde a un supuesto estudio topográfico atribuido a una persona fallecida ocho años antes y que, además, no tenía título profesional como topógrafo.
La Fiscalía indicó que las presuntas irregularidades habrían permitido el favorecimiento de terceros mediante la apropiación de recursos públicos por más de 40.327 millones de pesos, representados en sobrecostos, apropiación de tributos territoriales y manejo de anticipos de altas cuantías.
