Una grave denuncia fue conocida en el seno de la Asamblea Departamental durante el desarrollo del debate de control político a la Secretaría de Educación departamental en torno al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Marileidy Lesmes, una de las mujeres que laboró como manipuladora de alimentos, expresó que previo al inicio del nuevo contrato de alimentación escolar, varias voceras fueron despedidas sin justificación alguna.
“Al presentarnos el día de la socialización del nuevo contrato, a los dos días nos llega una supuesta terminación de contrato y lo que nos dijeron es que debíamos enviar al reemplazo que entraría por nosotras. Se hizo oficios dirigidos a la Secretaría de Educación por parte de las Juntas de acción comunal y asociación de padres pero lo que nos dijeron es que ellos no tienen nada que ver con la contratación de las manipuladoras”, manifestó.
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Además de esto, falencias en el pago oportuno de las trabajadoras y la seguridad social, e incluso la falta de equipos y elementos para desarrollar bien su actividad, fueron evidenciadas por el diputado Pablo Rojas, quien expuso esta situación a los demás corporados.
“Con soportes evidenciamos la inconsistencia en los pagos de seguridad social a las trabajadoras. Lo reportado por la firma contratista no coincide con las consultas que particularmente adelanté; por eso queda pendiente que se mantenga la vigilancia y que la supervisión del contrato y organismos de control tomen acciones para evitar que se vulneren los derechos de las manipuladoras de alimentos”, manifestó el diputado.
Hay que recordar que este contrato por más de 25 mil millones de pesos es ejecutado por la Unión Temporal Futuro Saludable y a esta fecha ya estaría presentando falencias que tanto desde la Asamblea como de la Administración departamental se le hará seguimiento.
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