En la Asamblea Departamental, la diputada Maricel Ortiz expuso su preocupación por el uso de las vías públicas por parte de algunos transportadores del gremio arrocero para realizar labores de cargue y descargue, lo cual afecta la movilidad y genera inconformidad entre los ciudadanos. Propuso la creación de mesas de concertación para abordar esta problemática de forma articulada.
En entrevista con ‘Al Aire Noticias’ la diputada Maricel Ortiz reconoció el valor del gremio arrocero en la economía regional, pero manifestó su rechazo a las prácticas de algunos transportadores que bloquean las vías públicas durante los procesos de carga. “Literalmente estacionan los vehículos y obstruyen el tránsito, afectando a quienes circulan a diario por esas vías”, afirmó. Presentó un video como evidencia de esta situación ocurrido entre Antioqueñita y Caño Limón, donde los vehículos permanecieron detenidos por más de 15 minutos.
Agregó que no existen señales preventivas ni protocolos de seguridad visibles durante estas actividades, lo que incrementa el riesgo para conductores y peatones. Según Ortiz, revisó el Código Nacional de Tránsito y no encontró ninguna disposición que autorice el uso de las vías para estos fines sin el aval del ente competente. Aclaró que ya solicitó información al Instituto de Tránsito sobre posibles autorizaciones.
Frente a esto, propuso la creación de una mesa de concertación entre el gremio arrocero, autoridades locales y departamentales, la Policía de Carreteras y otros actores, con el fin de encontrar alternativas que permitan continuar con las actividades del sector sin afectar la movilidad.
Durante su intervención, también mencionó la necesidad de que los arroceros cuenten con infraestructura propia para sus actividades logísticas, como ocurre con otros sectores productivos del departamento. “Los ganaderos, cacaocultores y platanicultores realizan sus cargas fuera de las vías”, recordó.
Además del impacto en la movilidad, la diputada alertó sobre los efectos ambientales relacionados con desvíos de canales y alteración de caños, e hizo un llamado a Corporinoquia para que actúe con el mismo rigor con todos los actores del territorio. “A veces a los pequeños productores ni siquiera les permiten abrir un pozo, mientras otros hacen intervenciones sin que pase nada”, dijo.
Respecto a la gestión legislativa, Ortiz se refirió al debate de control político al Instituto Departamental de Tránsito, donde se reiteraron problemas como el mal estado de la red semafórica. Indicó que, aunque existe un proyecto de modernización, la falta de recursos limita la ejecución. En ese sentido, invitó a la ciudadanía a matricular sus vehículos en el departamento para fortalecer la inversión local.
La diputada también habló del proceso de presupuesto participativo para la vigencia 2026, destacando que esta herramienta permite priorizar proyectos desde las comunidades. Explicó que, aunque la participación no fue masiva por la dispersión rural, los representantes de las juntas comunales asistieron y plantearon necesidades concretas.
Finalmente, Ortiz informó que durante las sesiones extraordinarias que se extenderán hasta el 25 de septiembre, la Asamblea debatirá tres proyectos de ordenanza, entre ellos una adición presupuestal de más de $505 millones y una autorización de vigencias futuras por $55 mil millones para el Programa de Alimentación Escolar.
También confirmó la apertura del cronograma para la elección del nuevo contralor departamental, cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de septiembre.
