La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió acusar a la representante a la Cámara por la curul de paz Karen Astrith Manrique Olarte por el delito de cohecho impropio, dentro de una investigación relacionada con presuntas irregularidades en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. En la misma decisión, el alto tribunal ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra la congresista.
De acuerdo con la Corte Suprema, los hechos investigados se remontan al segundo semestre de 2023, cuando varios legisladores que integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda. Según la investigación, estos ofrecimientos estarían relacionados con la emisión de conceptos favorables sobre operaciones de crédito impulsadas por esa cartera.
En ese contexto, la Corte determinó que existen elementos que permiten inferir la posible comisión del delito de cohecho impropio, al considerar que algunos congresistas habrían comprometido su función legislativa a cambio de beneficios relacionados con proyectos de contratación pública.
La investigación señala que en diversas reuniones se habría planteado que, como contraprestación por apoyar el trámite de operaciones de crédito, se impulsaría la contratación y la interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.
Según la Sala de Instrucción, en los encuentros analizados dentro del expediente también se habrían definido montos y posibles beneficios dirigidos a congresistas, lo que hace parte del material probatorio recopilado durante el proceso.
Dentro de la misma decisión, la Corte Suprema también acusó por el mismo delito a otros congresistas: Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, así como al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes continuarán vinculados al proceso sin medida de aseguramiento privativa de la libertad.
La decisión de acusar a los investigados será enviada a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia una vez quede en firme. El proceso judicial continuará para determinar la responsabilidad penal de los implicados en los hechos investigados.
Manrique se presentó a la Policía en Tame
Fuentes consultadas por ‘Al Aire Noticias’ confirmaron que la representante a la Cámara Karen Manrique se presentó voluntariamente en la estación de Policía del municipio de Tame. Tras la verificación en el sistema, los uniformados le informaron que no existía en ese momento una orden de captura vigente en su contra, por lo que la parlamentaria se retiró hacia su residencia.
Las autoridades indicaron que están a la espera de recibir la orden judicial correspondiente para proceder con la detención. Sin la documentación oficial remitida por los canales legales, la Policía no puede efectuar la captura. Entretanto, las autoridades en Tame permanecen en alerta ante la eventual llegada del documento judicial.
En medio de este proceso, la Corte Suprema de Justicia acusó a cinco congresistas y a un excongresista por el escándalo relacionado con la UNGRD. La Sala de Instrucción, con el voto de los conjueces Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado, resolvió enviar a prisión a los congresistas recién electos Wadith Manzur y Karen Manrique, y llamó a juicio a varios legisladores por el delito de cohecho impropio.
Además del senador conservador Manzur y de la representante de las curules de paz Manrique, la Corte llamó a juicio a Liliana Esther Bitar (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal) y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), así como al excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde). Según la investigación, habrían recibido dádivas a cambio de comprometer sus funciones dentro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, apoyando con su voto los planes de endeudamiento externo del Gobierno.
El expediente de acusación, que supera las 1.000 páginas, reúne testimonios, chats e interceptaciones telefónicas que, según la Corte, evidenciarían reuniones entre congresistas y altos funcionarios de los ministerios de Hacienda e Interior para negociar apoyos políticos a cambio de burocracia y contratos por cerca de 94.000 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, los recursos se habrían direccionado hacia proyectos en Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar, municipios donde los congresistas tenían influencia política. Estas mismas negociaciones mantienen detenidos desde finales del año pasado a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, este último señalado por la Corte de haber promovido el plan para “apadrinar” congresistas y manipular sus votos.
