El sistema penitenciario colombiano enfrenta una crítica situación de hacinamiento, tanto en cárceles como en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI). De acuerdo con datos del INPEC, al 23 de septiembre de 2025, la sobrepoblación carcelaria nacional alcanzó un 28,6 %, lo que representa un incremento de 2,1 puntos porcentuales respecto al año anterior.
Según Samuel Escobar, director del Pregrado en Criminología e Investigación Criminal de la Universidad del Rosario, la situación más grave se presenta en los centros de detención transitoria, donde el hacinamiento llega al 142,5 %, con 20.889 personas alojadas en instalaciones diseñadas para 9.687. Estas cifras provienen del más reciente informe del Ministerio de Justicia, con corte al 15 de septiembre de 2025.
En cuanto a las cárceles permanentes, la capacidad instalada es de 81.139 cupos, pero actualmente albergan a 104.395 personas. Aunque en términos globales no se reporta hacinamiento en centros femeninos, existen casos críticos como el de Bogotá, con un 40,85 %, y el departamento del Cesar, con un 140 %.
Escobar advirtió que las estaciones de policía y las URI no están diseñadas para alojamientos prolongados, ya que su propósito inicial es la reclusión temporal mientras se define la situación jurídica de los detenidos.
Más allá del hacinamiento: vulneración de derechos
Escobar explicó que el hacinamiento es solo uno de los síntomas de un problema estructural en el sistema penitenciario colombiano. Las personas privadas de la libertad enfrentan vulneraciones a derechos fundamentales como salud, alimentación y acceso a la justicia.
Criticó que la respuesta histórica del Estado ha sido la construcción de más cárceles y el aumento de cupos, medidas que considera ineficaces. También cuestionó la privatización del sistema penitenciario, señalando que experiencias internacionales han evidenciado riesgos importantes con este modelo.
Asimismo, destacó que la política criminal ha priorizado el aumento punitivo, dejando de lado alternativas como la prevención del delito basada en datos empíricos y enfoques restaurativos. Según cifras del INPEC, 4.318 personas privadas de la libertad no saben leer ni escribir, pero solo 1.374 están vinculadas a programas de alfabetización.
Escobar señaló que, aunque se han hecho esfuerzos en la articulación interinstitucional y en el acceso a datos para la toma de decisiones, la evidencia demuestra que el aumento de penas no reduce los índices de criminalidad, y que las cárceles no logran los objetivos de resocialización.
Planteó la necesidad de explorar modelos restaurativos para delitos comunes, similares a los adoptados en el marco del conflicto armado, y propuso que la cárcel se limite a casos de extrema gravedad. También cuestionó la exclusión política de las personas condenadas, proponiendo incluso su inclusión en procesos democráticos: “¿Por qué no reconocer a las personas condenadas como sujetos políticos con derecho al voto?”, concluyó.
