En medio de una compleja situación de orden público en Colombia, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa han decidido desmantelar cinco Fuerzas de Tarea Conjunta, unidades clave en la lucha contra grupos armados en regiones de conflicto.
La decisión, divulgada por un documento reservado, ha generado inquietud tanto en las Fuerzas Militares como en la opinión pública, ante la posibilidad de una disminución en la efectividad de la seguridad en estas áreas.
Las Fuerzas de Tarea Conjunta, integradas por el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea y la Armada, han sido fundamentales en operaciones de seguridad y coordinación en zonas de alto riesgo, permitiendo acciones estratégicas contra organizaciones ilegales. Su eliminación significa la pérdida de un modelo operativo que, durante años, ha dado resultados importantes en departamentos como Meta, Caquetá, Guaviare, Chocó, Nariño, Bolívar y Arauca.
Entre las unidades disueltas se encuentran la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en el suroriente del país; Titán, en Chocó; Hércules, en Nariño; Marte, en el sur de Bolívar, y Quirón, en Arauca. Cada una de estas unidades ha jugado un rol crucial en la protección de comunidades vulnerables, al combatir la presencia de grupos armados ilegales en zonas estratégicas.
(Puede leer: Asesor de Paz de Arauca reitera llamado al Gobierno Nacional por escalada de violencia y crisis humanitaria)
La medida ha despertado cuestionamientos entre expertos en seguridad y militares en retiro, quienes advierten que esta decisión podría debilitar las capacidades de respuesta del Estado en un momento crítico para el país. La creciente presencia de grupos armados ilegales ha generado temores sobre la expansión de estas organizaciones, lo que podría afectar a las comunidades en áreas históricamente dependientes de la protección militar.
Aún no se han definido alternativas operativas para reemplazar las funciones de estas Fuerzas de Tarea Conjunta. Sectores de seguridad y organizaciones sociales insisten en que el Ministerio de Defensa explique cómo planea mantener la estabilidad en estas regiones, particularmente ante los desafíos actuales de orden público y la expansión de grupos ilegales.
