El contrato fue suscrito en la administración de Facundo Castillo en 2020 durante la emergencia decretada por la pandemia del covid-19 y se habría firmado sin que previamente se exigieran estudios técnicos y financieros precisos que justificaran el valor de las raciones.
La Procuraduría General de la Nación presentó cargos disciplinarios contra el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros (2020-2021), y cinco funcionarios más, por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19.
El contrato, firmado sin estudios técnicos y financieros adecuados, habría generado un sobrecosto de 1.783 millones de pesos. La investigación también señala un posible sobrecosto de 898 millones de pesos en las raciones entregadas entre abril de 2020 y 2021, además de otras irregularidades en la ejecución y modificación del contrato. Los cargos contra los implicados incluyen faltas gravísimas cometidas con culpa gravísima y dolo.
Según la Procuraduría “adicionalmente se habrían presentado otras posibles irregularidades en la publicidad dada al contrato, así como en el trámite y ejecución de las modificaciones y adiciones de valor incluidas.
Para el órgano de control, la existencia de los presuntos sobreprecios pone de presente que en la firma del contrato no se “privilegió la necesidad de maximizar el uso eficiente de los recursos públicos con los que se financiaría el suministro del complemento alimentario para los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa, que son sujetos de protección especial por parte del Estado”.
Lllama la atención que la Procuraduría involucró a otras personas que habrían hecho parte de los actos ilegales mencionados en el proceso. Dice el comunicado que “los otros afectados por el pliego de cargos son los exsecretarios de Educación del departamento, William Arévalo Quintero (2020 – 2021) y Maricel Ortiz Ramírez (2021); el exgerente de Contratación (e), Uriel Niño López (2020 – 2022); el supervisor del contrato, Holman Jefrey Ruiz Puerta, y la representante legal de Invida SAS, encargada de la interventoría, Diana Susi Mahecha Herrera“.
Por esos hechos, el Ministerio Público señaló que con su aparente conducta los investigados habrían vulnerado los principios de economía y responsabilidad en la contratación estatal, y profirió dos cargos disciplinarios contra el entonces gobernador Castillo Cisneros y los exsecretarios de despacho Arévalo Quintero y Ortiz Ramírez, los cuales fueron calificados como faltas gravísimas cometidas con culpa gravísima.
En contra de Uriel Niño López se profirieron cargos por dos faltas gravísimas, cometidas a título de culpa gravísima, la primera, y grave, la segunda. A la interventora Diana Susi Mahecha Herrera le profirió dos cargos disciplinarios calificados como faltas gravísimas a título dolo. Finalmente, en contra del supervisor, Holman Jefrey Ruiz Puerta, se dictaron tres cargos, dos de ellos calificados como faltas gravísimas con culpa grave, y el tercero falta grave con culpa grave.
