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Fiscalía solicitó medida de aseguramiento para exfuncionarios de la UNGRD por desfalco millonario

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La Fiscalía General de la Nación reveló la gravedad y los alcances de una organización criminal involucrada en un desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Ante el Juez 35 con Función de Control de Garantías de Bogotá, se sustentó la urgencia de imponer medidas de reclusión contra tres implicados en el caso.

La petición fue formulada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y afecta al exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez; al exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez; y al contratista Luis Eduardo López Rosero.

“La solicitud no se basa en simples sospechas. Existen suficientes elementos de juicio que fundamentan la medida de aseguramiento solicitada”, aseguró la fiscal del caso.

Durante la audiencia, se presentaron pruebas que respaldan la solicitud, destacando el rol y grado de participación de los imputados en delitos como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado y falsedad en documentos.

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Según la Fiscalía, los imputados eran conscientes de sus acciones delictivas y de la obligación de manejar recursos públicos con integridad, especialmente aquellos destinados a la protección de poblaciones vulnerables. A pesar de la posibilidad de aplicar un principio de oportunidad o preacuerdo, se insistió en la necesidad de dictar una medida privativa de la libertad.

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La investigación reveló que la organización criminal dirigió contratos de la UNGRD hacia contratistas específicos a cambio de millonarias coimas. López Martínez y Pinilla Álvarez, presuntamente, direccionaron 21 órdenes de contratación por un valor de 228.884 millones de pesos.

Uno de los eventos destacados incluye un contrato firmado el 12 de octubre de 2023 para la compra de 40 carrotanques por 46.800 millones de pesos, destinados a llevar agua potable a comunidades indígenas en la Alta Guajira, de los cuales se defraudaron 14.163 millones de pesos.

Otros contratos, por un valor de 24.238 millones de pesos, fueron entregados a amigos de Pinilla Álvarez entre febrero y marzo de 2024. Además, se transfirieron 100 mil millones de pesos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a la UNGRD para ejecutar siete contratos.

La audiencia continuará el próximo sábado 31 de agosto, mientras la Fiscalía avanza en otras líneas de investigación para desarticular la organización criminal que se habría apoderado de la contratación en la UNGRD.


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