El presidente Gustavo Petro mantiene su firme convicción y decisión de convocar la consulta popular sobre la reforma laboral y temas de salud mediante decreto, tras el rechazo del Senado a la iniciativa, generando un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso en Colombia.
El presidente Gustavo Petro decidió avanzar con la convocatoria de una consulta popular por decreto, luego de que la reforma laboral fuera rechazada en el Senado con 49 votos en contra y 47 a favor, el pasado 14 de mayo de 2025. Petro sostuvo que el Congreso no permitió “la libre expresión del constituyente primario”, según escribió en su cuenta de X: “Me llamó dictador, la dictadura de la oligarquía que con trampas no permite la libre expresión del constituyente primario. Base genuina de la democracia y el poder público”.
La postura del gobierno defiende la consulta como un ejercicio democrático legítimo, mientras que sectores de la oposición advierten que se trata de una herramienta para fortalecer la base política del mandatario. La senadora Angélica Lozano aseguró en El País que la intención de Petro es utilizar la consulta como una estrategia de campaña y no como un mecanismo para mejorar la ley laboral.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, elevó la preocupación al ámbito internacional, solicitando la intervención de organismos como la ONU, la CIDH y la OEA, y calificó la medida como un “golpe institucional”. Cepeda advirtió que Petro “está soñando si cree que puede sacar una consulta por decreto”.
La controversia se agudizó el 3 de junio de 2025, cuando Petro, en una alocución presidencial, confirmó que firmará el decreto para convocar la consulta, argumentando que el Congreso no cumplió con los plazos para responder a la petición. Sin embargo, la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la legalidad de esta acción.
Un fallo judicial reciente ordenó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, responder una apelación de la senadora María José Pizarro, sin referirse a la repetición de la votación. Pizarro sostuvo que su apelación no fue tramitada correctamente y señaló que “Efraín Cepeda, usted no ha tramitado mi apelación, es completamente FALSO”.
La senadora Pizarro insistió en sus redes sociales: “La Justicia se ha pronunciado y nos da la razón: el trámite de la votación de la Consulta Popular fue absolutamente irregular y arbitrario. El presidente del Congreso Efraín Cepeda, violó la Constitución y tiene 48 horas para resolver mi apelación, es decir, el debate de la consulta popular en el Congreso se tiene que reabrir. Efraín Cepeda violó mis derechos fundamentales y los del pueblo colombiano, que es el soberano. Y por hacer trampa, excedió los 30 días en los cuales debía pronunciarse el Congreso, la consulta se puede decretar”.
El procurador General, Gregorio Eljach, expresó que la consulta popular no puede ser convocada por decreto, ya que el Senado rechazó formalmente la iniciativa. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el Gobierno acatará la decisión final que tome la Corte Constitucional sobre la viabilidad del decreto.
El exsenador de izquierda, Jorge Enrique Robledo, manifestó en Cambio Colombia que “quienes crean que porque Petro ganó la Presidencia y dice ser el representante del ‘pueblo’ puede violar la Constitución se equivocan de cabo a rabo, porque eso es pensar con un sueño de golpe de Estado, el peor e ilegal paso imaginable”.
CRONOLOGÍA:
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11 de marzo de 2025: Petro plantea una consulta popular luego del fracaso de la reforma laboral en la Comisión Séptima.
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14 de mayo de 2025: El Senado rechaza la propuesta de consulta popular por 49 votos contra 47.
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3 de junio de 2025: Petro anuncia la firma del decreto para la convocatoria de la consulta.
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7 de junio de 2025: Petro asegura que un juez avaló el derecho a la consulta, aunque el fallo solo ordena una respuesta formal del Senado.
El capítulo de la consulta popular aún no termina. En medio de las críticas sobre un posible incumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en el decreto con el que el Gobierno nacional pretende convocar la consulta popular, senadores y representantes de distintos partidos políticos anunciaron que organizarán movilizaciones masivas en las principales ciudades del país para expresar su rechazo a esta iniciativa.
En todo caso, el país está expectante y espera la decisión de la Corte Constitucional, que definirá si la convocatoria de la consulta popular por decreto se ajusta a los principios establecidos en la Constitución y si representa un ejercicio legítimo de participación o un conflicto con el equilibrio institucional.
