Desde ayer lunes comenzó a regir en el país la Ley 2452 de 2025, normativa que establece un nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, con modificaciones en los procedimientos judiciales laborales.
La entrada en vigencia de esta ley implica cambios en la tramitación de los conflictos laborales, con un enfoque orientado a la implementación de herramientas tecnológicas y a la agilización de los procesos judiciales. La reforma incorpora ajustes en la estructura procesal y en la organización de los despachos judiciales encargados de estos asuntos.
Entre las principales disposiciones, se elimina la única instancia y se establece la doble instancia en los procesos laborales, además de la incorporación de recursos digitales para optimizar las actuaciones judiciales. También se definen nuevas reglas de competencia, se precisan criterios para evitar la aplicación supletoria del Código General del Proceso y se habilita la posibilidad de decretar medidas cautelares en procesos ordinarios laborales.
La normativa contempla, además, un régimen de transición de un año, durante el cual los procesos iniciados antes de su entrada en vigencia continuarán bajo las disposiciones anteriores.
En cuanto a la implementación, el Consejo Superior de la Judicatura adoptó un plan de acción mediante el Acuerdo PCSJA25-12405 del 27 de marzo de 2026, estructurado en ejes relacionados con el fortalecimiento del talento humano, la modernización tecnológica, la capacitación y la adecuación de infraestructura.
Dentro de estas medidas, se prevé la creación de 106 cargos para la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, así como la apertura de seis juzgados laborales del circuito y 18 juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple en distintas regiones del país. Igualmente, se redefinió la denominación de algunos despachos y se ajustaron las reglas de reparto en municipios donde no existan juzgados laborales.
En el componente tecnológico, se implementó el Sistema Integrado Único de Gestión Judicial en la especialidad laboral, actualmente habilitado en 633 despachos distribuidos en 34 distritos judiciales. Paralelamente, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla desarrolla procesos de formación dirigidos a funcionarios judiciales y abogados litigantes.
Sobre el alcance de la reforma, la vicepresidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Claudia Expósito, señaló que “nos encontramos ante una reforma estructural que introduce transformaciones sustantivas en la organización, competencia y dinámica procesal. La Ley 2452 de 2025 no solo moderniza el procedimiento laboral, sino que responde a la necesidad de fortalecer la garantía efectiva de los derechos derivados de las relaciones de trabajo y de la seguridad social”.
