El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional estableció el salario mínimo legal para 2026 en $1.750.905. La decisión implica la adopción de una medida cautelar mientras se resuelve de fondo la demanda presentada contra el acto administrativo.
La corporación judicial precisó que la medida no constituye un fallo definitivo sobre la legalidad del decreto. En consecuencia, ordenó al Gobierno Nacional expedir y publicar, dentro de los ocho días calendario siguientes a la notificación de la providencia, un decreto transitorio que determine el porcentaje de incremento del salario mínimo para 2026 y su valor total, el cual estará vigente hasta que se profiera sentencia en el proceso.
Para la fijación del nuevo monto, el Ejecutivo deberá aplicar de manera integral los criterios legales y constitucionales vigentes. Entre ellos se encuentran la meta de inflación definida por la Junta Directiva del Banco de la República, la productividad certificada oficialmente, la inflación real del año anterior, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la contribución de los salarios al ingreso nacional, la protección especial al trabajo, la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil, la función social de la empresa y los objetivos constitucionales de dirección de la economía.
El alto tribunal indicó que el nuevo decreto deberá contener una fundamentación económica detallada y verificable, en la que se explique la valoración aplicada a cada criterio, su cuantificación, la ponderación realizada y el razonamiento que conduzca a la cifra final, con respaldo en fuentes y certificaciones oficiales. Además, advirtió que no podrá reproducirse en esencia el contenido del acto suspendido y que el incumplimiento de la orden dará lugar a las sanciones previstas en la ley.
La suspensión producirá efectos únicamente a partir de la publicación del nuevo decreto transitorio. Hasta entonces, continuará vigente el salario mínimo fijado en el Decreto 1469 de 2025.
El Consejo de Estado también aclaró que la decisión no afecta las obligaciones ni los derechos calculados, causados o pagados con base en el salario mínimo vigente mientras el decreto estuvo en vigor. Esto incluye pagos de nómina pública y privada, pensiones, contratos, multas, sanciones, tarifas, cuantías procesales y cuotas alimentarias, entre otros, al tratarse de situaciones jurídicas consolidadas protegidas por los principios de seguridad jurídica y debido proceso. El proceso judicial continuará su trámite hasta que se adopte una decisión definitiva sobre la validez del decreto demandado.
