La Defensoría del Pueblo presentó el primer Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral (ATE 013 de 2025), emitida en octubre del año anterior, en el que concluye que la respuesta institucional frente a los riesgos identificados para las elecciones de 2026 registra un cumplimiento parcial.
El monitoreo, realizado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), señala que persisten escenarios de riesgo asociados al fortalecimiento de estructuras armadas ilegales que, según el documento, ejercen control territorial, interfieren en actividades proselitistas y condicionan candidaturas en distintas regiones del país.
Durante la presentación del informe, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, afirmó que la preocupación institucional se centra en las condiciones de libertad en las que se desarrollará el proceso electoral. “Nuestra preocupación central no es sobre la realización de la jornada de las elecciones. Nuestra preocupación central es sobre la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país”, señaló.
El informe evaluó 11 recomendaciones emitidas en la alerta temprana. De acuerdo con la entidad, el nivel global de cumplimiento fue del 42 %, mientras que el 58 % restante presenta rezagos.
Por categorías, el documento reporta avances del 52 % en prevención y protección; 55 % en investigación y acceso a la justicia; 65 % en acciones de la fuerza pública; 29 % en articulación interinstitucional; y 65 % en gestiones preventivas del Ministerio Público. La recomendación relacionada con el fortalecimiento y respaldo a organizaciones políticas no registra cumplimiento.
La Defensoría indicó que en varias regiones se han identificado prácticas de coacción electoral, restricciones a la movilidad y establecimiento de normas impuestas por grupos armados que incidirían en la participación política. Entre las zonas mencionadas se encuentran departamentos de las macrorregiones Caribe, Noroccidente y Suroccidente, incluyendo Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Incremento en municipios con llamados a acción
El Informe de Seguimiento también actualizó los municipios con llamados específicos de intervención:
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Acción inmediata: pasó de 62 a 69 municipios.
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Acción urgente: aumentó de 162 a 168 municipios.
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Acción prioritaria: subió de 425 a 433 municipios.
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Observación permanente: disminuyó de 216 a 195 municipios.
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Acción ordinaria: se mantiene en 257 municipios.
Poblaciones en riesgo y amenazas registradas
El documento advierte riesgos para candidatas y candidatos, personas que aspiran por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), mujeres en actividad política, firmantes del Acuerdo de Paz, líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y servidores públicos.
En relación con las Citrep, la Defensoría señaló que algunos aspirantes han reportado restricciones a la movilidad y dificultades financieras que podrían afectar el ejercicio de sus campañas. También se advierte sobre situaciones en Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) y Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), especialmente en el departamento del Meta y en zonas rurales de Norte de Santander.
El informe da cuenta de 457 amenazas de muerte contra lideresas, líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y actores políticos en el contexto preelectoral, con mayor concentración en los departamentos de Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.
Entre los grupos señalados como fuente de amenaza se mencionan el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las antiguas Farc y otras estructuras armadas y organizaciones criminales.
Ante el panorama descrito, la Defensoría formuló nueve nuevas recomendaciones y reiteró las anteriores. Solicitó al Ministerio del Interior asumir un liderazgo activo en la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), con el fin de articular planes de acción y optimizar recursos.
Asimismo, instó al Ministerio de Defensa a implementar una estrategia integral de seguridad para garantizar el traslado de material electoral y la custodia de puestos de votación en zonas rurales. A la Fiscalía General de la Nación le pidió fortalecer las investigaciones sobre posibles casos de constreñimiento electoral y evaluar la implementación de centros de mando permanentes en municipios con riesgo inmediato.
Finalmente, la entidad exhortó a la Procuraduría General de la Nación a verificar el cumplimiento de las recomendaciones y adelantar las acciones disciplinarias correspondientes en caso de omisión de deberes.
