Una investigación de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Dijin de la Policía Nacional, permitió desarticular una red delictiva dedicada a legalizar hidrocarburos obtenidos de forma ilegal del oleoducto Caño Limón – Coveñas y de pozos convencionales. El grupo operaba mediante empresas fachada y habría obtenido ganancias cercanas a 2.000 millones de pesos mensuales.
Según los elementos probatorios, el grupo criminal, que se autodenominaba “Los de Cuello Negro”, habría creado una red de compañías en distintas regiones del país con el fin de dar apariencia de legalidad al crudo extraído fraudulentamente. La operación se habría extendido en departamentos como Santander, Atlántico y Norte de Santander, donde funcionaban las sedes de las empresas implicadas.
Las autoridades indican que el modus operandi incluía la falsificación de documentos, el pago de sobornos a miembros de la fuerza pública, y la utilización de plantas de tratamiento para modificar el hidrocarburo, facilitar su comercialización y distribuirlo en el norte, centro y oriente del país. En total, la organización habría sustraído más de 32.500 galones de crudo, incrementando su patrimonio en más de 9 millones de dólares durante cuatro años de operación.
Entre los siete judicializados se encuentra Germán Arturo Sánchez Sánchez, presunto cabecilla de la organización, señalado de liderar el proceso de sustracción, transporte y venta del hidrocarburo. También fueron procesados:
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Ricardo Pacheco López, administrador de una planta en Barrancabermeja, donde se habría almacenado el crudo.
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Luis Beltrán González Acuña, representante de una empresa de lubricantes en Cúcuta, presuntamente involucrado en el acopio y comercialización.
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Óscar Luis Pastrana Martínez, ingeniero químico encargado de optimizar el crudo mediante tratamientos técnicos en Galapa.
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Fabricio Patiño Cabrejo, Adriana Durán Otavo e Ingrid Galeano Rojas, quienes habrían cumplido funciones clave para la reventa y ocultamiento del origen ilícito del producto.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías. Según su grado de participación, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, apoderamiento ilícito de hidrocarburos, enriquecimiento ilícito, cohecho por dar u ofrecer y falsedad en documento privado.
Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar posibles cómplices y determinar el impacto total de la red en el sector de hidrocarburos del país.
