La Procuraduría General de la Nación ha formulado cargos contra Indira Luz Barrios Guarnizo, quien se desempeñó como gobernadora encargada de Arauca durante el periodo 2022-2023.
Barrios es acusada de haber utilizado presuntamente documentos públicos falsos para priorizar y aprobar un proyecto de inversión financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), por un valor de $32.283 millones.
Además de Barrios, la decisión disciplinaria también afecta a Claudia Juliana Melo Romero, quien en ese momento ocupaba el cargo de secretaria de Planeación. A Melo se le reprocha la expedición de certificaciones que, según la investigación, habrían sido contrarias a la verdad y permitieron la viabilización del proyecto aprobado por la entonces mandataria.
La gobernadora habría utilizado un estudio topográfico y batimétrico falso, supuestamente realizado en las veredas La Yuca (sector El Muerto) y El Torno (sectores El Limón y El Guamo). Según el registro civil de defunción, el topógrafo que supuestamente suscribió el documento el 17 de marzo de 2022, había fallecido el 30 de mayo de 2020.
El material probatorio también reveló que la persona señalada como topógrafo no estaba registrada en el Consejo Profesional Nacional de Topografía, lo que refuerza la falsedad del documento presentado.
Para la Procuraduría, estos hechos configuran una grave violación al Sistema General de Regalías y demás normativas legales, describiendo la situación como “una caricatura trágica y despreciable” del incumplimiento de las normas. En palabras del ente de control, “en los papeles espurios, el único que visitó el sector conocido como ‘El Muerto’ estaba verdaderamente muerto”.
El Ministerio Público también cuestionó la designación de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) como ejecutora del proyecto, ya que esta entidad no cumpliría con los requisitos necesarios para manejar recursos de regalías. Se advierte que las exfuncionarias podrían haber actuado en contra del interés general, favoreciendo intereses particulares.
En esta etapa procesal, la Procuraduría ha calificado las posibles faltas cometidas por las exfuncionarias como gravísimas y con dolo.
Finalmente, la entidad anunció que remitirá una copia del expediente a la Fiscalía, en relación con el presunto interés indebido en la asignación de Aremca como ejecutora del proyecto y con las falsedades documentales, como el caso del ingeniero civil Héctor Hugo Herrera, quien habría indicado que no era necesario actualizar los estudios del proyecto, basándose en una ‘supuesta’ visita del mencionado topógrafo, la cual resultó ser ficticia.
