La seguridad en el departamento de Arauca se encuentra en el ojo del huracán tras revelaciones sobre una presunta red de militares del Ejército Nacional que habrían filtrado información clasificada y suministrado armamento a grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco.
Según una investigación de la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con inteligencia militar, al menos seis uniformados estarían involucrados en estos hechos. Las sospechas se centran inicialmente en dos soldados adscritos al Cantón Militar de Puerto Jordán, cerca al municipio de Arauquita, quienes habrían compartido datos sensibles sobre operativos y entregado material de guerra al frente Martín Villa, una facción de las disidencias de las Farc.
De acuerdo con el informe revelado por el diario El Espectador, uno de los militares, que ocupaba un cargo administrativo, habría establecido contacto directo con un integrante de la red de inteligencia de este grupo ilegal, aprovechando su acceso a información privilegiada. También se le acusa de trasladar armamento desde la guarnición militar hasta zonas bajo control de las disidencias, y de realizar entregas regulares cerca de centros poblados en áreas de influencia de ese frente.
Un segundo uniformado también habría realizado desplazamientos sospechosos, reforzando las sospechas sobre una red articulada de fuga de información. Ambos fueron retirados de sus cargos y trasladados a otras regiones, pero aún no enfrentan procesos penales.
El informe advierte que otros dos uniformados podrían haber colaborado en estas actividades. “No descartamos que haya al menos otras dos personas que le colaboraban a esos dos militares en la filtración de información”, afirmó un alto oficial al medio citado.
Adicionalmente, un exintegrante de inteligencia militar que se retiró en 2020 es señalado de utilizar información confidencial para extorsionar y colaborar con redes criminales en Arauca, incluyendo secuestros y comercio ilegal de oro. El documento de contrainteligencia indica que este exmilitar ha sido identificado por testigos y registros fotográficos, y que mantiene contacto con comerciantes y redes ilegales en otras ciudades como Popayán.
El único caso judicializado hasta la fecha es el del sargento Diego Alberto Liévano, capturado en 2022 por la presunta sustracción de material de intendencia del Ejército. Según inteligencia, este material terminó en manos de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
Estos hallazgos han generado preocupación por la vulnerabilidad de las estructuras militares en zonas fronterizas y la capacidad de los grupos armados para infiltrar información de alto valor estratégico.
