El Mecanismo Independiente para la Supervisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad impulsa un diálogo participativo para evaluar y fortalecer las políticas públicas de inclusión.
En el marco de su labor de evaluación y monitoreo del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Mecanismo Independiente para la Supervisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a la ciudadanía y a las comunidades con discapacidad a participar activamente en una mesa territorial de trabajo.
Ana María Núñez, directora ejecutiva del mecanismo, explicó que la iniciativa busca trabajar directamente con las personas con discapacidad en la evaluación de la oferta de inclusión y en la construcción colectiva de políticas públicas. Durante el encuentro, se presentarán las tres funciones fundamentales del organismo: supervisar el cumplimiento de la convención por parte del Estado, monitorear ese cumplimiento desde una perspectiva territorial y emitir recomendaciones basadas en las voces de las personas con discapacidad.
“La inclusión debe surgir, emerger y construirse desde los territorios, para los territorios, con los territorios”, señaló Núñez. En este sentido, el mecanismo prepara un plan estratégico y un cronograma de trabajo que permita llegar a regiones apartadas del país, incluyendo zonas tradicionalmente excluidas de los análisis nacionales.
La mesa está integrada por organizaciones sociales, la academia, así como entidades de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Núñez enfatizó que se busca articular estas mesas territoriales en puntos geográficos equidistantes que faciliten la participación y movilización de las comunidades locales, superando la lógica centralizada de las capitales departamentales.
Uno de los aliados clave en este proceso es PECODIP, organización que hace parte de la alianza coordinadora y de la mesa general. Esta entidad ha priorizado territorios históricamente no incluidos en estudios de política pública nacional, y desarrolla prácticas como el censo de poblaciones con discapacidad, el cual será referenciado en el informe nacional del mecanismo.
En cuanto al seguimiento a políticas laborales, el mecanismo ha emitido recomendaciones respecto al cumplimiento del fondo de estabilidad forzada y a la reserva laboral del 7% para personas con discapacidad en el sector público. Además, se han señalado retos en la implementación de garantías laborales, incluyendo la necesidad de eliminar la práctica de contratos laborales a corto plazo, que afecta a la población con discapacidad y al sistema de empleabilidad en general.
Finalmente, Núñez subrayó que fortalecer las capacidades organizativas y de incidencia de las comunidades locales es clave para avanzar hacia una inclusión efectiva, y para que las políticas públicas reflejen la realidad de los territorios.
