El ‘Documento de advertencia sobre rellenos sanitarios y sitios no autorizados 2024’ examina la situación sobre la gestión de residuos sólidos, basándose en cifras reportadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la vigencia 2022.
Un reciente documento de advertencia de la Defensoría del Pueblo revela que 22 de los 32 departamentos del país presentan una delicada situación relacionada con la disposición final de residuos sólidos, toda vez que a los rellenos sanitarios les queda poca vida útil y en algunos municipios la actividad de disposición se realiza en botaderos a cielo abierto, lo cual deriva en una grave problemática medioambiental generadora de afectaciones a las comunidades circundantes, como lo ha venido advirtiendo desde el 2022.
En el informe defensorial, la institución de derechos humanos, con el acucioso trabajo de su Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente, presenta una visión general sobre el agotamiento de vida útil de los sitios de disposición final autorizados, situación especialmente crítica en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Norte de Santander, Putumayo, Tolima, Arauca, Valle del Cauca y Vichada.
También presenta una visión general sobre la grave situación que representan los botaderos a cielo abierto en Chocó, Nariño, Magdalena, Cauca, Sucre, Putumayo, Meta, Vaupés, Antioquia, Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, La Guajira, Santander y Tolima.
Vida útil de los rellenos sanitarios
Según la Defensoría, de los 262 sitios de disposición final en Colombia, 24 tienen vida útil vencida; 46, una vida útil de 0 a 3 años, y 22, una vida útil de 3 a 5 años. De no tomarse las medidas apropiadas, lo que está ocurriendo puede amenazar el derecho al goce de un ambiente sano, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a servicios públicos y, por supuesto, su prestación oportuna y eficiente, la existencia del equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, entre otros.
En Antioquia, por ejemplo, la problemática es alarmante debido a que 14 sitios tienen vida útil vencida, 19 cuentan con vida útil de 0 a 3 años y 8, vida útil de 3 a 5 años. Además, otros departamentos también enfrentan el agotamiento de la vida útil en dos o más municipios, como Bolívar (3), Cauca (2), Cesar (3), Norte de Santander (2), Putumayo (3), Tolima (4), Arauca (3), Valle del Cauca (3) y Vichada (1).
Agudización de la problemática y botaderos a cielo abierto
La gravedad del actual panorama se intensifica al analizar las cifras de las toneladas anuales de residuos dispuestas en los sitios de disposición final. El 4.23% del total de las toneladas es depositado en sitios con vida útil vencida; el 33.5%, en sitios con una vida útil de 0 a 3 años. En otras palabras, más de un tercio de las toneladas anuales es llevado a sitios de disposición cuya vida útil está próxima a vencer.
El documento también da cuenta de la existencia de 79 botaderos a cielo abierto, los cuales representan una forma insegura de gestionar los residuos sólidos, pues carecen de medidas adecuadas de control y manejo ambiental, lo que puede repercutir en la contaminación del suelo, agua y aire. Por ende, representan un riesgo para la salud de las comunidades.
Tal situación es crítica en Chocó y Bolívar. En el primero se han reportado 25 botaderos (aproximadamente, el 31.65% del total) y en el segundo se han identificado 17 sitios (equivalentes al 21.52% del total registrado).
Nariño, entre tanto, registra 7 botaderos a cielo abierto; Magdalena y Cauca, 5 cada uno; Sucre, Putumayo y Meta, 3 botaderos cada uno; Vaupés y Antioquia, 2 cada uno, y Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, La Guajira, Santander y Tolima, 1 cada uno.
Llama la atención el incumplimiento de la normativa, pues los sitios no autorizados deberían cerrarse o, en su defecto, ser adecuados a una alternativa técnica que cuente con los debidos permisos ambientales.
Ínfimo aprovechamiento de residuos sólidos
Adicionalmente, hay pocos avances en materia de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, pues de acuerdo con datos reportados en el último informe sectorial de aprovechamiento publicado por la Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios, que son analizados en el documento defensorial, se evidencia que de los 232 operadores que registran, el 78.02% de los municipios tiene una tasa de aprovechamiento de entre el 0 y el 10%, el 16.38% de los municipios reporta una tasa de entre el 10 y el 20% y el 4.31%, de entre el 20 y el 30%.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a las corporaciones autónomas regionales, alcaldías y gobernaciones: trabajen de manera articulada y formulen planes concretos con acciones urgentes, necesarios para abordar eficientemente la gestión de residuos sólidos, los cuales deben ser incluidos en la agenda departamental y nacional, ya que el actual escenario podría llevar al país en el corto plazo a una emergencia ambiental y sanitaria.
