El Consejo de Estado respaldó a la diputada Mercedes Rincón Espinel en un fallo definitivo sobre un proceso de pérdida de investidura. La decisión concluyó que no hubo dolo ni negligencia en el pago de honorarios a diputados, sentando un precedente sobre los estrictos requisitos probatorios en este tipo de casos.
El Consejo de Estado, a través de su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, emitió un fallo que respalda a la diputada del partido Cambio Radical, Mercedes Rincón Espinel, en un proceso de pérdida de investidura impulsado por el ciudadano Wilmar Marcel Jaimes Bautista. La decisión, adoptada el 21 de noviembre de 2024, reafirma la sentencia previa del Tribunal Administrativo de Arauca que desestimaba las pretensiones del demandante.
El caso giró en torno a presuntas irregularidades relacionadas con el pago de honorarios a diputados que, según el demandante, no habrían asistido a varias sesiones ordinarias en 2022 sin las justificaciones correspondientes. El Consejo de Estado concluyó que no se configuraba la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, pues no se demostró que la diputada actuara de forma dolosa o negligente al autorizar dichos pagos.
“La causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos no se configura, salvo que medie una sentencia condenatoria en firme que acredite la conducta ilícita”, precisó el alto tribunal. Según el fallo, el demandante no presentó evidencia suficiente de que existiera una resolución judicial en tal sentido, como lo exige el numeral 4 del artículo 60 de la Ley 2200 de 2022.
Durante el proceso, la diputada Rincón Espinel argumentó, a través de su apoderado, que los pagos realizados a los diputados estaban debidamente soportados en resoluciones administrativas que autorizaban las ausencias por comisiones o aceptaban excusas válidas. “No se configuró el elemento objetivo de la causal alegada, pues todas las inasistencias se justificaron en actos administrativos amparados por la presunción de legalidad”, señaló su defensa.
El Consejo de Estado también enfatizó que las normas aplicables al caso, derivadas de la Ley 2200, establecen requisitos específicos para determinar la pérdida de investidura de los diputados. “El legislador tiene plena potestad para fijar las causales, y estas deben ser interpretadas de manera restrictiva, garantizando el debido proceso”, añadió la sentencia.
Por otra parte, la decisión incluyó un llamado a las entidades competentes, como la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la República, para que investiguen posibles irregularidades en la emisión de los actos administrativos cuestionados por el demandante. Este último sostenía que los documentos contenían inconsistencias, aunque no logró probarlo en el curso del proceso.
Así las cosas, Mercedes Rincón Espinel conserva su investidura como diputada del departamento de Arauca. La decisión del Consejo de Estado reiteró su posición como un precedente en cuanto a los estrictos estándares probatorios que se deben tener en cuenta para avanzar en casos de esta naturaleza.
Este el el fallo completo. Consúltelo aquí:
