Cerca de 280 familias están confinadas en el sector conocido como Marreros, varias de ellas en centros educativos y casas comunales, y poco más de 183 emprendieron un desplazamiento masivo interveredal, a raíz de los combates entre FARC y ELN.
La Defensoría del Pueblo dio a conocer su preocupación ante lo que llamó “el recrudecimiento del conflicto armado” en el departamento de Arauca, que, según la entidad, afecta a las comunidades campesinas e indígenas del municipio de Puerto Rondón.
“Ante nuevos enfrentamientos entre el Estado Mayor Central, grupo disidente de las Farc, y el Frente de Guerra Oriental, del ELN, registrados desde la noche del 29 de agosto, la Defensoría ha recibido información preliminar sobre el confinamiento de siete veredas del sector conocido como Marreros, del municipio de Puerto Rondón, con un potencial de afectación a 274 familias, unas 818 personas confinadas. A su vez, el desplazamiento masivo interveredal con un potencial de afectación de 183 familias, es decir, 553 personas, entre las veredas El Progreso, Normandía, El Paisaje y La Esmeralda”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Sobre esta delicada situación de orden público, la Defensoría del Pueblo manifestó que se encuentra haciendo verificación de los hechos, “pues no se ha tenido acceso pleno a la información sobre el estado real de la población”. Varias familias están confinadas en centros educativos y casas comunales, con el riesgo de quedar en medio de los combates, de campos minados, y de ser blanco de amenazas colectivas.
“Reitero el llamado enfático a las autoridades para que tomen todas las acciones que se requieran para evitar que los grupos armados ilegales en particular aquellos que están adelantando conversaciones con el Gobierno Nacional, continúen con sus ataques contra la población civil.
Agregó el defensor Camargo que los grupos armados ilegales están realizando enfrentamientos entre ellos, y eso “generan zozobra en la comunidad, y además redundan en graves vulneraciones a sus derechos humanos e impiden a los habitantes realizar las actividades diarias en la zona”, dijo Carlos Camargo Assis.
Las Alertas emitidas por la Defensoría
La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la difícil situación del departamento a través de las Alertas Tempranas 023 de 2021, emitida para los municipios de Puerto Rondón y Cravo Norte, y 011 de 2023, para los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul y Tame. Los documentos de advertencia dan cuenta de los graves riesgos para la población civil a causa de la confrontación que sostienen los actores armados en el departamento.
La entidad de derechos humanos también ha advertido los graves riesgos para lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, mediante la Alerta Temprana 019 de 2023, y sobre el incremento de los riesgos en el proceso electoral de octubre próximo, mediante la Alerta 030 de este año, considerando a Arauca como mayor zona de riesgo.
“La situación en Arauca sigue siendo grave. Solicitamos a toda la institucionalidad del Estado acatar las recomendaciones contenidas en nuestras Alertas Tempranas, pero además, poner los ojos de manera especial sobre esta zona del país, en la que los homicidios, las amenazas y los hostigamientos en contra de la población civil y de los líderes son constantes”, expresó el Defensor del Pueblo.
Preocupa que en la última semana han sido reportados siete homicidios de la población civil (tres en Arauquita, dos en Tame y dos en Arauca), sigue creciendo el número de desaparecidos y el desplazamiento forzado, siendo este último la única manera de salvaguardar la vida.
El llamado a la CIPRAT
El pasado 24 de agosto, la Defensoría del Pueblo envió una solicitud a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), con el fin de que convoque de manera urgente una sesión para trazar estrategias de prevención y de protección en las zonas más afectadas por el conflicto en el departamento.
“No podemos ser indiferentes ante lo que pasa en Arauca, debemos convocar a todas las instancias para que el alivio humanitario del que se habla en las mesas de diálogo con los grupos al margen de la ley sea una realidad para la población civil”, afirmó Carlos Camargo Assis.
