En firme la candidatura de Enna Lorena Ardila a la CITREP N.° 2

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la validez de la inscripción de Enna Lorena Ardila Lavadiña como candidata a la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) N.° 2, respaldada por la Asociación Campesina de Productores de Plátano, para las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026.

La decisión se dio tras resolver un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 0390 de 2026, que había negado una solicitud de revocatoria de su candidatura. El CNE, mediante Resolución No. 0752 del 2 de febrero de 2026, ratificó que Ardila cumple con los requisitos legales y no se encuentra incursa en inhabilidad alguna, como lo alegaba la peticionaria Zaida Yesenya Aguilera Galíndez.

El recurso sostenía que existía una posible inhabilidad derivada del parentesco de Ardila con el presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, argumentando que su familiar ostentaba una posición de dirección política con incidencia en la contienda electoral. No obstante, el CNE concluyó que el cargo de diputado no implica el ejercicio de autoridad civil o política, uno de los elementos esenciales para configurar la inhabilidad contemplada en el artículo 179.5 de la Constitución.

Hay que recordar que la candidata Enna Lorena Ardila Lavadiña, respaldada por la Asociación Campesina de Productores de Plátano, es la hija del exalcalde de Arauquita (UP) Orlando Ardila Torres y hermana del actual diputado Orlando Ardila Traslaviña.

Asimismo, la Sala Plena del CNE desestimó que existiera una vulneración al debido proceso o un desconocimiento del precedente jurisprudencial señalado en la sentencia SU-207 de 2022. El órgano electoral determinó que los argumentos presentados en el recurso no demostraban un error jurídico en la resolución inicial, por lo que no procedía modificarla ni revocarla.

Con esta decisión, se mantiene en firme la inscripción de Enna Lorena Ardila como candidata a la CITREP N.° 2, lo que le permite continuar en la contienda electoral destinada a garantizar la participación política de comunidades afectadas por el conflicto armado.

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