La Corte Constitucional ordenó la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025, con el cual el Gobierno había declarado el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional, mientras se toma una decisión definitiva sobre su constitucionalidad.
Con una votación de seis a favor y dos en contra, la Corte Constitucional decidió apoyar la ponencia del magistrado Carlos Camargo y dejar sin efectos, de manera temporal, el decreto legislativo que habilitaba al Gobierno a adoptar medidas extraordinarias para enfrentar la situación económica.
La medida fue adoptada mientras el alto tribunal estudia de fondo la legalidad del decreto emitido el 22 de diciembre de 2025. Según lo comunicado, la suspensión busca evitar efectos inmediatos en la economía y el orden jurídico, mientras se determina si la declaración de emergencia se ajusta a la Constitución.
Con la declaratoria de emergencia, el Ejecutivo pretendía recaudar cerca de 11 billones de pesos, a través de medidas fiscales como nuevos tributos, ajustes en impuestos existentes y contribuciones especiales dirigidas a determinados sectores económicos. Sin embargo, con esta decisión, todas las facultades extraordinarias concedidas bajo el estado de emergencia quedan suspendidas hasta que la Corte emita un fallo definitivo.
En el proceso de votación, los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Vladímir Fernández Andrade salvaron su voto. Por su parte, los magistrados Juan Carlos Cortés González y Natalia Ángel Cabo aclararon su postura frente a la decisión adoptada.
La decisión de la Corte implica que el Gobierno no podrá implementar, por ahora, ninguna de las medidas previstas bajo la figura del estado de emergencia, en espera de una revisión constitucional de fondo.
