La atención a víctimas por desplazamiento forzado es la principal labor del despacho de la Personería en Arauquita. Así lo confirmó la personera municipal, Marcela Rodríguez, quien aseguró que este tipo de hechos victimizantes representan la mayor parte de las declaraciones recibidas.
Rodríguez explicó que su despacho realiza acompañamiento a comunidades vulnerables y víctimas del conflicto armado, así como labores de pedagogía sobre derechos humanos, promoción de la participación ciudadana y recepción de quejas contra servidores públicos y fuerza pública. Sin embargo, reconoció que existe un déficit de recurso humano, lo cual ha dificultado cubrir la totalidad de funciones asignadas a la entidad.
En ese contexto, destacó que el Consejo Noruego para Refugiados ha apoyado con el envío de un profesional de refuerzo que atenderá a la población refugiada, migrante y víctimas durante un período de cuatro a cinco meses. Esta medida ha beneficiado también a la Personería de Tame.
En paralelo, Rodríguez participó en una reunión interinstitucional con la Asociación de Personeros del departamento, la Defensoría Regional y el Vicedefensor del Pueblo. En ese encuentro, se realizó un seguimiento a la situación de derechos humanos en los municipios de Arauca, donde se reafirmó la necesidad de articular esfuerzos entre las entidades del Estado.
Entre los temas tratados se destacó la problemática en el sistema de salud, especialmente en lo relacionado con la atención por parte de la Nueva EPS. Según la personera, se han reportado dificultades constantes en remisiones, entrega de medicamentos y autorizaciones de servicios complementarios.
También se abordaron preocupaciones por la seguridad de líderes sociales, defensores de derechos humanos y funcionarios del Ministerio Público, debido a situaciones que han puesto en riesgo su integridad. En respuesta, se propuso la realización de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el departamento para coordinar acciones frente a estas amenazas.
Por otro lado, Rodríguez se refirió al caso del homicidio de una mujer que había sido secuestrada en abril. Se trata de María Elena, quien estuvo desaparecida durante más de cuatro meses y cuya muerte fue confirmada recientemente. “Durante más de aproximadamente 130 días la familia vivió en medio de una angustia y también con esa esperanza de poder encontrarla con vida”, señaló la personera.
El caso se suma a otros tres feminicidios ocurridos en el municipio, según registros de la Personería. Rodríguez expresó su solidaridad con la familia de la víctima y exigió a las autoridades avanzar en las investigaciones para evitar que el crimen quede en la impunidad. “Hacemos un llamado urgente a todos los actores armados para que respeten la vida, la libertad y la dignidad humana”, agregó.
