La Defensoría del Pueblo ha solicitado a las instituciones gubernamentales que refuercen su presencia en el departamento de Arauca, donde la situación de derechos humanos sigue deteriorándose debido al aumento de la violencia relacionada con el conflicto armado.
Esta petición surge tras una ola de homicidios ocurrida entre el 22 y el 27 de agosto, que dejó ocho personas muertas en los municipios de Saravena, Fortul, Puerto Lleras, Arauquita, Puerto Rondón y Tame. La mayoría de las víctimas eran jóvenes, y los crímenes habrían sido cometidos por grupos armados ilegales.
Entre las víctimas se encontraban Willis Guillermo Robinson Sánchez, líder comunal de Puerto Rondón, y Óscar Guerrero, presidente de la junta de acción comunal de Corocito. Con estos asesinatos, el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Arauca en 2024 asciende a 13, mientras que los homicidios en el departamento superan los 100 en lo que va del año.
Además, la Defensoría ha expresado preocupación por el aumento de desapariciones forzadas y secuestros, que suman más de 110 casos entre enero y agosto de 2024. Estas acciones vulneran gravemente los derechos a la libertad y a la integridad de la población civil, que cada vez se siente más desprotegida. Ante este panorama, la entidad insiste en la necesidad urgente de implementar medidas efectivas para proteger la vida e integridad de los habitantes de Arauca.
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Creciente ola de violencia y atentados
El pasado fin de semana, la estación de Policía de Fortul, ubicada en el centro del casco urbano, fue atacada con explosivos y ráfagas de fusil, poniendo en peligro a la población local. En los últimos seis días, también se reportaron atentados con explosivos contra la infraestructura petrolera, afectando a las comunidades de las veredas El Consuelo, Islas de Bojaba y La Pava en Saravena, así como a las veredas Palmarito en Fortul y Bajo Tamacay en Tame. Estos ataques comprometen derechos fundamentales, como el acceso a un medio ambiente sano.
Advertencias de la Defensoría sobre la violencia en Arauca
La Defensoría del Pueblo ha venido alertando sobre la crítica situación en Arauca, agravada por el conflicto armado. En un documento enviado el 20 de agosto a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), la entidad advirtió sobre el riesgo creciente en el territorio, especialmente en caso de que no se ratifique o continúe el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y el ELN. En dicho informe, se alertó sobre la posibilidad de ataques contra comunidades, la fuerza pública, la institucionalidad, y la infraestructura petrolera y energética.
La Defensoría reiteró su llamado a los actores armados no estatales para que cesen las acciones violentas contra la población civil y respeten los principios del derecho internacional humanitario (DIH).
