El secretario de Gobierno del municipio de Tame, José Manuel Hernández, anunció que la administración local impulsará este año al menos tres jornadas de atención a población migrante, con el objetivo de identificar plenamente a las personas que residen en el municipio y proceder, en los casos necesarios, a su expulsión hacia la frontera con Venezuela.
La medida se enfoca especialmente en ciudadanos extranjeros que incurren en comportamientos contrarios a la convivencia y la ley.
De acuerdo con Hernández, en Tame residen actualmente más de 7.800 migrantes, en su mayoría venezolanos que llegaron hace ocho o nueve años y hoy forman parte del tejido social, con vínculos familiares y laborales. Sin embargo, el funcionario alertó que una porción de esta población ha vulnerado las normas de convivencia, impactando negativamente en indicadores sensibles como la violencia intrafamiliar y el abandono de menores.
“Hoy por hoy, Tame encabeza la lista de municipios con mayores casos de violencia basada en género. No se trata de estigmatizar, pero una gran mayoría de estos casos involucran a población migrante”, afirmó el secretario.
También agregó que existen reportes de comportamientos recurrentes que derivan en anotaciones de la Policía, lo cual; según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, podría conllevar la cancelación del Permiso por Protección Temporal (PPT) y la expulsión del territorio nacional.
Pese a las limitaciones, el gobierno local avanza en la formulación de un proyecto para garantizar la presencia de Migración Colombia en el municipio. El objetivo principal será realizar procesos de identificación y, de ser necesario, activar mecanismos legales para la salida del país de personas que representen una amenaza para la tranquilidad de la comunidad.
“No son intocables. Los migrantes también deben acogerse a la legislación colombiana y cumplir las normas. Vamos a actuar dentro del marco legal para preservar la convivencia ciudadana”, puntualizó el secretario.
Estas jornadas contarán con equipos especializados que, además de identificar y atender a la población migrante, evaluarán cada caso individualmente para determinar si se justifica una expulsión. La administración municipal hace un llamado a la ciudadanía para que colabore con las autoridades denunciando cualquier situación que afecte la seguridad o el bienestar colectivo.
